En California hay una usura legal que permite conceder préstamos con un interés del 459% al año y que está dirigida a personas de bajos recursos que suelen quedar atrapadas en una red de pagos. La Legislatura, con la oportunidad de remediar este abuso, apoyó en cambio a la industria que aprovecha la necesidad básica del cliente.
Hace unos días el Comité de Banca y Finanzas de la Asamblea diluyó un proyecto de ley (AB 2845) que habría fijado en el 36% anual el interés que se permite cobrar a las casas de "préstamo hasta el día de pago" (payday loans), en vez del interés actual permitido del 17.6% por un período de dos semanas. El panel legislativo mantuvo la tasa de interés como estaba, pasando la propuesta sin el cambio, sólo con el agregado de recomendar una "educación financiera" a los clientes. Esa educación es importante, pero también lo es defender el bolsillo de los californianos más pobres.
El proyecto del asambleísta demócrata de Sacramento Dave Jones es similar a limitaciones impuestas en otros estados a esta industria. Además, responde a los lineamientos de la ley federal que prohibió cobrar intereses mayores al 36% anual a los integrantes de las Fuerzas Armadas por considerarlos abusivos. Creemos que los civiles también necesitan esta protección.
Es indignante que la influencia de la industria con sus generosas contribuciones a los legisladores tenga más peso que las víctimas de usura. Es cierto que estos préstamos cumplen un fin en casos de emergencia, pero no hay justificación para semejante abuso en los intereses.
Si los salarios fueran más justos, esta industria no florecería en los barrios más humildes, como ahora. Por eso, lo menos que debería hacer la Legislatura es prohibir esta usura legal, estableciendo intereses normales.







