SAN SALVADOR/Servicios noticiosos — Centenares de fieles marcharon ayer por la capital para pedir al Estado salvadoreño que cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero.
“Como parte de la humanidad herida por este crimen y como hombres y mujeres de iglesias, doblemente afectados por el asesinato de monseñor Romero, y por la impunidad que después de 29 años persiste, pedimos al presidente Mauricio Funes que cumpla con las recomendaciones de la CIDH”, dijo la médico Adelaida de Estrada.
Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 luego que un desconocido le disparó al corazón desde un vehículo estacionado frente a la entrada principal de una capilla del noroeste de la capital, en donde el religioso realizaba una misa.
El asesinato ocurrió al inicio de los 12 años de una guerra civil que desangró a El Salvador y que terminó con la firma de un acuerdo de paz en 1992. Más de 75.000 personas murieron en el conflicto y otros 12.000 fueron reportados como desaparecidos.
Un informe de la Comisión de la Verdad, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el mayor Roberto D’Abuisson, fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Sin embargo, los responsables del crimen no serán castigados debido a una amnistía promulgada por el gobierno de Arena horas antes que fuese divulgado el informe de la Comisión en 1993.
La CIDH recomendó al Estado salvadoreño realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones referidas al caso Monseñor Romero, sin perjuicio de la amnistía decretada. También recomendó reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización.
Estrada dijo que también piden que en ocasión del 30 aniversario del asesinato del arzobispo, Funes “lleve a cabo un acto público de reconocimiento y petición de perdón” en Catedral Metropolitana, en presencia de la jerarquía de la Iglesia Católica, del ministerio Público, la Fuerza Armada, dirigido a la familia de Romero, las iglesias y la sociedad salvadoreña.
SAN SALVADOR/Servicios noticiosos — Centenares de fieles marcharon ayer por la capital para pedir al Estado salvadoreño que cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero.
“Como parte de la humanidad herida por este crimen y como hombres y mujeres de iglesias, doblemente afectados por el asesinato de monseñor Romero, y por la impunidad que después de 29 años persiste, pedimos al presidente Mauricio Funes que cumpla con las recomendaciones de la CIDH”, dijo la médico Adelaida de Estrada.
Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 luego que un desconocido le disparó al corazón desde un vehículo estacionado frente a la entrada principal de una capilla del noroeste de la capital, en donde el religioso realizaba una misa.
El asesinato ocurrió al inicio de los 12 años de una guerra civil que desangró a El Salvador y que terminó con la firma de un acuerdo de paz en 1992. Más de 75.000 personas murieron en el conflicto y otros 12.000 fueron reportados como desaparecidos.
Un informe de la Comisión de la Verdad, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el mayor Roberto D’Abuisson, fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Sin embargo, los responsables del crimen no serán castigados debido a una amnistía promulgada por el gobierno de Arena horas antes que fuese divulgado el informe de la Comisión en 1993.
La CIDH recomendó al Estado salvadoreño realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones referidas al caso Monseñor Romero, sin perjuicio de la amnistía decretada. También recomendó reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización.
