Denver/EFE — El Comisionado de Trabajo de Iowa pidió que el juicio por bancarrota en contra de los dueños y gerentes de un frigorífico en el que trabajaban cientos de inmigrantes indocumentados se realice en este estado y no en Nueva York como resolvieron las autoridades federales.
El Comisionado David Neil presentó el lunes un documento ante la Corte Federal de Bancarrotas en el Distrito Este de Nueva York en el que indicó que la planta procesadora de carnes Agriprocessors tendrá que pagar a Iowa más de 10 millones de dólares como sanción por incumplimiento de las leyes laborales de ese estado.
Por eso, dijo, el lugar del juicio debería ser Iowa.
“El Estado de Iowa tiene un interés superior en reinvindicar el cumplimiento de sus leyes de trabajo y empleo y tiene el derecho de ser escuchado en un ámbito conveniente”, expresó Neil.
Agriprocessors, ubicado en la pequeña localidad de Postville, fue el sitio de una masiva redada realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) el pasado 12 de mayo, y que culminó con el arresto de casi 400 presuntos indocumentados, la mitad de la fuerza laboral del establecimiento.
Posteriores investigaciones llevaron el pasado 9 de septiembre al arresto y encarcelamiento provisional de Karina Pilar Freund y de Laura Althouse, dos ex empleadas de Agriprocessors que trabajaban en el Departamento de Recursos Humanos, acusadas de falsificar documentos para ayudar a indocumentados. Althouse se declaró culpable y espera sentencia. El juicio contra Freund se postergó hasta enero.
El 30 de octubre, el gerente Sholom Rubashkin, 49, fue arrestado y acusado en una corte federal de conspirar para contratar a indocumentados. Y el viernes 21 de noviembre un jurado especial presentó cargos por ayudar a indocumentados y por falsificación de documentos contra Hosam Amara, Zeev Levi y Brent Beebe.
Según Neil, Agriprocessors aún no ha respondido a ninguna de las dos acusaciones civiles y tiene hasta el 30 de noviembre para hacerlo.
Según Neil, Agriprocessors aún no ha respondido a ninguna de las dos acusaciones civiles y tiene hasta el 30 de noviembre para hacerlo.
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