SAN FRANCISCO.— A finales de mayo, el capitán Stephen Tacchini, jefe de la estación de policía en el distrito de la Misión, celebraba en la reunión comunitaria del mes que su trabajo parecía reducirse a atender las quejas de inconformes por el humo que producen los asadores de sus vecinos.
La venta de droga —crack, cocaína, heroína, mariguana— debía ser la habitual en la calle Misión, en el tramo entre las calles 16 y 17; pero Tacchini, cuya oficina está distante a dos cuadras de la bulliciosa plazuela del BART de la calle 16, sobrepoblada por vagabundos y algunos inmigrantes que lucen más desorientados que el resto, estaba de plácemes aquel 26 de mayo mientras una anciana renegaba por el ruido que producen las ruedas de las patinetas sobre el asfalto.
"La incidencia del crimen en el distrito de la Misión está declinando", iniciaba el reporte semanal de la jefatura de policía aquella fecha. Los agentes "están trabajando duro para proveer presencia policiaca en esas áreas donde el crimen ocurre", se leía en el comunicado oficial.
Se aproximaba el verano, la época cuando históricamente suceden más crímenes en el barrio de la Misión. Al menos en 2008, el baño de sangre había sido terrible durante el estío. Pero vigente una orden judicial que restringe la libre circulación de 32 individuos supuestamente afiliados a la pandilla Norteños —a la fecha ya hay uno menos; murió baleado este año—, la seguridad parecía darse por hecho, se creería que por decreto.
Ignoraban esto quizá la docena de jóvenes que una tarde a principios de junio, vistiendo el color que identifica a los Norteños, el rojo, parecían esperar que algo aconteciera en la calle 24, eje de la actividad de la pandilla, la cual es prohijada por Nuestra Familia, un clan carcelario que ha sido rival por más de 40 años de la histórica M, o Mafia Mexicana, fundada también por mexicoamericanos y nutrida de igual modo por la simbología de la cultura chicana.
Apostados en ambas aceras, entre la calle Misión y el discreto callejón Lilac, los jóvenes aquellos parecían resguardar el acceso al territorio Norteño, invadido semanas anteriores por presuntos Sureños –una de las pandillas rivales–, quienes habían documentado su osadía con huellas de grafiti en paredes y aceras de la calle Capp, 40 metros al este del sitio en que montaban guardia los "soldados" –que es como se identifica en la orden judicial contra los Norteños a quienes son el último eslabón de estas cadenas criminales.
"Esta es una zona de combate", definió apenas en octubre Richard Duber. Al director de la escuela preparatoria (High School) John O’Connell, ubicada en la exacta frontera entre los territorios Norteño y Sureño, la calle 20, parecen significarle poco las cifras de la policía. Muchos de sus alumnos sufren las consecuencias de la batalla, dijo. Y aunque presumió que el colegio es un área segura, definió sin ambivalencias al barrio como "mortal".
La ausencia
De todo lo que puede aprenderse en las estadísticas del Distrito escolar unificado de San Francisco (SFUSD, por sus siglas en inglés), hay un dato rotundo respecto a la John O’Connell: Es una de las tres preparatorias –de 18 totales– con más alto número de ausencias injustificadas de alumnos.
Sólo la June Jordan, en el barrio Excelsior, la supera en ese porcentaje, y ambas son seguidas de cerca por la Mission High School. En las tres escuelas la mayoría de los estudiantes son latinos.
El dato es básico para entender parte del problema. "Tener y mantener a un joven en la escuela no es sólo bueno para el estudiante, es además una forma de prevenir el crimen", establecieron el 7 de octubre en un comunicado conjunto la procuradora distrital de San Francisco, Kamala Harris, y el superintendente del SFUSD, Carlos García.
Las leyes estatales castigan, con multas y hasta cárcel, las ausencias injustificadas a clases de quienes tienen entre 6 y 18 años; los padres o tutores son los responsables de este delito.
"¿Quién le exige a los padres que vigilen a sus hijos?", preguntó a una asamblea comunitaria, el 1 de junio, Conny Weber, vecina de la Misión. Celebrada al este de la calle 24, en L’s café, donde se había cometido un robo días antes, la reunión fue convocada para discutir, junto con la policía y otras autoridades citadinas –el supervisor David Campos y el capitán Tacchini estuvieron presentes–, cómo contener la ola de criminalidad que, a veces tenuemente, pero siempre constante, golpea al barrio.
Desde 2006, la procuraduría distrital de San Francisco ha incrementado su interés en el ausentismo escolar. Hasta 2008, según datos de esa oficina, se había evitado la directa persecución judicial. Pero en tanto que el condado muestra ya uno de los peores índices de ausencias en clases en California –aún más grave que Los Angeles o San Diego o Alameda–, comenzó a llevarse a corte a los padres. Tras un año, 20 personas han sido presentadas ante un juez por esta causa.
Los esfuerzos por abatir el ausentismo escolar se habían centrado en los niveles de primaria y secundaria (Elemental y Middle); pero en septiembre Kamala Harris anunció que comenzará también a perseguirse judicialmente a padres de alumnos de High School. En San Francisco, dos tercios de los estudiantes que se ausentan habitualmente de la escuela (10 o más días) o crónicamente (20 o más días) son afroamericanos y latinos.
En el periodo 2008-2009, el SFUSD reportó a cinco mil 500 alumnos como ausentes crónicos de clases, el equivalente al 10% del alumnado total de San Francisco. El 44% del problema se registró a nivel primaria.
"Ausentismo y crimen están directamente ligados", es la prédica de Kamala Harris, de cuya oficina proviene este dato: el 95% de los menores de 25 años que fueron asesinados en San Francisco en los últimos cuatro años habían abandonado previamente sus estudios de preparatoria.
Saldo del verano
"Al reunirme con los alumnos les he pedido que levanten la mano si conocen a alguien que haya sido herido de bala. Todos la levantan, sin excepción". Ya es otoño y Richard Duber viste la clásica chamarra deportiva colegial, usa el cabello muy corto y con sus gafas de Buddy Holly su imagen icónica de director de High School es completa. No le incomoda hablar de la violencia que constriñe a los estudiantes de la John O’Connell; más bien, parece desolado.
Duber se estrena como director de la preparatoria; los tres años anteriores había ocupado la subdirección; Janet Schulze era la titular. El número de alumnos de la John O’Connell, en el periodo 2008-2009, era de 651 individuos, la mitad de los cuales estaban inscritos en el programa de desayunos gratis (free lunch), indicador para las autoridades escolares del estado de que son estudiantes en "desventaja socieconómica".
El saldo del verano, reportó Duber, fue un estudiante herido; aclaró que el chico no está involucrado en pandillas; fue víctima, dijo, en un fuego cruzado. "La bala se le alojó cerca de la espina dorsal; aún no lo pueden operar".
No pudo Duber precisar cuántos estudiantes han muerto durante sus cuatro años en la John O’Connell. "Algunos", dijo. "Y, claro, muchos acuchillados, muchos heridos de bala", agregó. "Tenemos estudiantes que sufren estrés pos traumático, por el ambiente en que viven", comentó.
Presumiblemente, chicos vinculados a Norteños y Sureños asisten a la John O’Connell, por lo que está prohibido usar en la escuela los colores que identifican a las pandillas: Rojo y azul. "Esta es una zona neutral", insistió Duber.
"Cuando sabemos que algún estudiante está ligado a las pandillas hablamos con él, o ella; los aconsejamos, llamamos a los padres; tenemos una relación cercana con la fuerza anti pandillas del Departamento de policía de San Francisco", relató Duber. "Ellos son niños todavía, podemos hacer que sus vidas cambien".
Pero algunos de esos niños, comentó el director de la John O’Connell, se han salido ya del control de sus padres, quienes ocasionalmente llaman a las autoridades escolares pidiendo auxilio para devolverlos al camino del orden.
El ambiente al que se refirió Duber es, estadísticamente, de los más peligrosos de San Francisco. Junto con el Tenderloin, Western Addition, Bay View Hunters Point y Visitation Valley, la Misión es una de las zonas con más inicidencia criminal en San Francisco. En toda la ciudad, afroamericanos y latinos continúan como las víctimas más comunes de heridas de bala.
En una milla y media a la redonda de la John O’Connell se reportaron, durante octubre y septiembre, 358 delitos —casi seis por día—, 124 de éstos vinculados a tráfico de drogas.
La policía de San Francisco ha puesto énfasis al decir que los asesinatos se han reducido de 2008 a 2009. Pero los tiroteos no fatales permanecen casi sin alteración —cuatro víctimas menos hasta septiembre en todo la ciudad—; e incluso, hasta julio, se habían registrado cuatro incidentes más de este tipo en el barrio en relación con el año anterior.
En 2008, 17 personas fueron asesinadas en la Misión; ocho de las vícitimas eran latinos, siete tenían menos de 25 años de edad.
Hasta octubre de 2009, en el barrio se habían cometido tres homicidios, todos en un mismo fin de semana y en la misma calle, la 24. La policía atribuyó los incidentes a actividad pandilleril. Todas las víctimas eran latinos, una, menor de 25 años.
El territorio prohibido
"¿Sabes cuál es la peor pandilla del barrio? La fuerza anti pandillas de la policía", dijo Carlos Vázquez, un veinteañero que parece sopesar en todo instante a quien le habla; de músculos firmes, actitud retadora, aunque curioso y con cierta voluntad para conciliar con el interés de los extraños.
La tarde del 26 de septiembre, reunido con otros cinco o seis jóvenes de similar edad, en la esquina de la calle 23 y York, Vázquez habría encajado en la descripción que la policía hace los miembros de la pandilla los Norteños: Cachucha roja de beisbolista, un pequeño arete representando el águila negra del sindicato campesino fundado por César Chávez y zapatos tenis, con líneas rojas también, semicubiertos por sus holgados pantalones de mezclilla.
Pero Carlos Vázquez negó ser un pandillero. Y platicaba sobre la violencia que habían sacudido al barrio apenas ocho días antes, hasta que fue acosado por un hombre que, mientras maniobraba para estacionar su vehículo, comenzó a preguntarles a gritos qué hacían frente a su casa. Los jóvenes intentaron dar una explicación. Pero el hombre, quizá en sus 70 años, comenzó de pronto a decir que llamaría a la policía. ¡Y lo hizo!
Así que Vázquez y amigos comenzaron a moverse, con prisa pero sin aspavientos, porque frente a ellos, por la calle 23, pasaba en ese preciso instante, una vagoneta de la policía… cuyo tripulante no escuchó al hombre que clamaba, histérico: "¡Policía; pandilleros; pandilleros!"
El grupo se disolvió. Un muchacho largirucho, de cabello ensortijado, había dicho que su nombre está en la lista de presuntos Norteños cuyos movimientos fueron restringidos por la orden judicial, que a pedido del procurador citadino, Dennis Herrera, la Corte Superior de California emitió el 12 de octubre de 2007, paradójicamente, un Día de la raza —Columbus day.
"Esta es nuestra casa y no les importa", se quejó Vázquez, instalado ya en otro punto de la calle York. "¿De dónde sacan que soy pandillero? Me joden porque llevo un rosario rojo. ¿Me señalan porque soy amigo de alguien? Te sientas ahí, a tomar el sol, a disfrutar el clima, ¡y te acusan de merodear!"
Vázquez dijo que conocía a Michael Sánchez, quien fue asesinado el 18 de septiembre, en el cruce de las calles 24 y Shotwell. "Era una buena persona. Pero cometió un crimen: Disfrutaba de su libertad".
Sánchez, enlistado en la orden judicial contra la pandilla, murió baleado en el territorio prohibido para éstos, en la llamada "zona de seguridad", las 60 cuadras del barrio en las que otros 31 jóvenes, muchos de ellos nacidos en la Misión y aún sus habitantes, no pueden oponerse a que se les expulse de una esquina donde simplemente pueden estar platicando, donde no pueden vestir la ropa que se les antoje y dentro de la cual, literalmente, se les ha impuesto un toque de queda, de 10:00 pm a 5:30 am.
"Nací en una zona donde hay drogas, donde hay pandillas; frente a mi casa hay un centro de rehabilitación para drogadictos. ¡No puedo culpar a mis padres por vivir ahí! Este es mi barrio. Vivimos en esto. ¿Es un delito?" Vázquez disparaba la palabras; no con rencor, sino con hastío.
"¿Y por qué no hay una orden judicial contra los Sureños?", preguntó antes de marcharse y tras invitar a que se le tomara una foto, en compañía de un amigo que, repentino, llegó en bicicleta. "¿Quién vende la droga en la calle 16? No son los Norteños; dicen que ese no es su territorio. ¿Quién, entonces?"
Las víctimas culpables
Carmen Sandoval (*) lucía conmovida ante los adornos mortuorios que descubrió camino a su casa, el 23 de septiembre, en el cruce de la calles York y 24. Era el altar en memoria de Michael "Monster" Sánchez. "Pobres muchachos. A muchos los conocí desde niños, para luego enterarme que los matan".
Maestra jubilada, Sandoval comentó que dos días antes del asesinato de Sánchez, el miércoles 16 de septiembre, un grupo de agentes policiacos había irrumpido en su casa, a un costado del hospital general, en la avenida San Bruno, en busca de drogas. Uno de sus hijos es usuario de mariguana por prescripción médica. "No encontraron nada. Lo único que tengo en mi patio es una planta de epazote, ¡y estos ignorantes pensaron que eso era mariguana!"
Dijo que por años ha atestiguado el mal trato de la policía a los latinos en la Misión. Lo llamó "racismo". "A las víctimas los hacen culpables; ha sucedido por años", comentó.
"Lo que escucho es que la gente quiere cooperar con la policía; pero lo que no quiere es que haya perfil racial", comentó el 1 de junio el supervisor David Campos, en una reunión con vecinos, entonces alarmados por una reciente ola de robos a comercios.
Una audiencia pública en la alcaldía, en febrero, había vigorizado las añejas quejas por el acoso policiaco contra latinos en la Misión, basados únicamente por la fisonomía y la presunción de su origen —que es así como los abogado suelen definir el pefil racial—. Campos recordó que habían sido decenas quienes dieron testimonio de esto, y reiteró que por esas razón se complican las relaciones con la comunidad.
En septiembre 17 un policía de civil apuntó con su pistola a la cabeza de Ernesto Baglieri, de 19 años, tras cuestionarle a gritos si estaba robando un vehículo en la calle Hampshire, al sureste del barrio, según reportó el blog www.missionlocal.org.
Baglieri fue esposado mientras trataba de explicarle al policía que lo arrestaba que el coche era de su padre y que, de hecho, estaba estacionado frente a su casa. Su madre, Pilar Baglieri, quien presenció el arresto, contó todo esto el 29 de septiembre en la reunión mensual que el capitán Stephen Tacchini sostiene con la comunidad en la estación de la policía.
Tras la muertes de Michael Sánchez, Francisco Peña y Francisco Cornejo —éstos dos últimos abatidos también a balazos en un mismo incidente, el 20 de septiembre, dentro una pizzería, en la calle 24 y Potrero— las reuniones mensuales del capitán Tacchini con la comunidad habían recobrado ese carácter apasionado, turbulento, contestario de los vecinos a la autoridad, algo que puede ser una característica del barrio latino de San Francisco.
Sucedió así el martes 22 de septiembre, cuando Tacchini se presentó a explicar cómo se reforzaría la vigilancia en la Misión. Pero esa vez Valerie Tulier, quien por décadas ha servido con la comunidad del barrio —hoy lo hace coordinando el programa Mission Beacon, que trabaja directamente con jóvenes, promoviendo entre éstos el deporte y la cultura—, llegó para decir algo que había faltado mencionar, por meses, durante todas esas semanas que el Departamento de policía había intentado convencer, con cifras, que el crimen ha disminuido.
El 9 de septiembre de 2008, la entonces jefa de la policía de San Francisco, Heather Fong, al calor de una reunión similar, ante una comunidad entonces alarmada por siete asesinatos cometidos en un periodo de 15 días, se comprometió a donar gasolina para los vehículos de ciertas organizaciones comunitarias que trabajan con jóvenes. Ese mismo día, el ex supervisor del distrito 9 y ahora asambleísta estatal, Tom Ammiano, también prometió incluir en el presupuesto de la ciudad un apoyo de cinco millones de dólares, para asistir a esos mismos grupos que intentan salvar a los jóvenes de un destino inclemente en este barrio que ha probado ser para ellos mortal.
Ammiano cumplió; pero la buena intención fue liquidada por el alcalde Gavin Newsom, quien no dudó en eliminar esos apoyos a la hora del dramático recorte del presupuesto resentido por San Francisco este año, recordó Tulier. Fong dejó la jefatura de la policía en abril de 2009, pasó al retiro; su promesa incumplida dejó los tanques del optimismo medio vacíos.
(*) Su apellido fue cambiado por error en un pie de foto en la edición impresa de El Mensajero de Noviembre 1.
SAN FRANCISCO.— A finales de mayo, el capitán Stephen Tacchini, jefe de la estación de policía en el distrito de la Misión, celebraba en la reunión comunitaria del mes que su trabajo parecía reducirse a atender las quejas de inconformes por el humo que producen los asadores de sus vecinos.
La venta de droga —crack, cocaína, heroína, mariguana— debía ser la habitual en la calle Misión, en el tramo entre las calles 16 y 17; pero Tacchini, cuya oficina está distante a dos cuadras de la bulliciosa plazuela del BART de la calle 16, sobrepoblada por vagabundos y algunos inmigrantes que lucen más desorientados que el resto, estaba de plácemes aquel 26 de mayo mientras una anciana renegaba por el ruido que producen las ruedas de las patinetas sobre el asfalto.
"La incidencia del crimen en el distrito de la Misión está declinando", iniciaba el reporte semanal de la jefatura de policía aquella fecha. Los agentes "están trabajando duro para proveer presencia policiaca en esas áreas donde el crimen ocurre", se leía en el comunicado oficial.
Se aproximaba el verano, la época cuando históricamente suceden más crímenes en el barrio de la Misión. Al menos en 2008, el baño de sangre había sido terrible durante el estío. Pero vigente una orden judicial que restringe la libre circulación de 32 individuos supuestamente afiliados a la pandilla Norteños —a la fecha ya hay uno menos; murió baleado este año—, la seguridad parecía darse por hecho, se creería que por decreto.
Ignoraban esto quizá la docena de jóvenes que una tarde a principios de junio, vistiendo el color que identifica a los Norteños, el rojo, parecían esperar que algo aconteciera en la calle 24, eje de la actividad de la pandilla, la cual es prohijada por Nuestra Familia, un clan carcelario que ha sido rival por más de 40 años de la histórica M, o Mafia Mexicana, fundada también por mexicoamericanos y nutrida de igual modo por la simbología de la cultura chicana.
