La Secretaría de Salud (SS) en México presentó ante clubes de oriundos, académicos, organizaciones sociales y médicos una propuesta de Seguro Binacional de Salud para emigrantes indocumentados que, de ser consensuada con Estados Unidos, tendría un precio de 40.27 dólares mensuales por persona.
El seguro operaría a través de una agencia denominada Salud Migrante –posiblemente con capital privado– y sería controlada por el gobierno y una junta de líderes comunitarios de ambos lados de la frontera.
Daría atención primaria a la salud a través del programa que tentativamente se le ha denominado "Salud en el Norte".
"Es justo que nuestros emigrantes cuenten con nuestro apoyo", dijo el Secretario de Salud, José Ángel Córdoba, al inaugurar durante la víspera el Foro Binacional Salud para los Migrantes: hacia la atención integral.
En principio, la agencia de Salud Migrante contrataría directamente con proveedores de atención primaria sin fines de lucro en la Unión Americana; haría franquicias de empresas comunitarias en México y daría licencia a aseguradoras no lucrativas en Estados Unidos.
El emigrante interesado podría solicitar el programa "Salud del Norte" para él mismo y adquirir el Seguro Popular para su familia que radica en su comunidad de origen, aún antes de salir del país.
"Esto podría ser por una aversión al riesgo, por necesidades de salud o por las exigencias de un programa futuro de visas", detalla la propuesta.
El paquete preliminar fue calculado en un costo de 40.27 dólares mensuales por persona –el pago se realizaría por cualquier servicio de remesas afiliado a Bansefi– y sería válido para los Centros de Salud Comunitarios Calificados por la Federación (Federally Qualified Community Heatlth Centres).
El costo total se distribuiría de la siguiente manera: atención primaria (17.86), consultas (12.10), cirugía en consultorio (0.50), radiología (1.75), laboratorio (2.59), vacunas (0.09), examen del niño sano (0.06), examen físico (0.77).
Salud en el Norte se vendería de manera individual sólo con presentar una identificación oficial. Tendría un precio uniforme, independientemente del estado de origen o de destino y no se considera ninguna condición preexistente para la afiliación.
Incluso se prevé que "no habría razón para rechazar a afiliados de cualquier nacionalidad".









