Más de 150,000 mujeres y hombres de todos los caminos llegaron a San Juan este mes para protestar contra la agenda del gobernador republicano de Puerto Rico Luis Fortuño. Una agenda para nuevos despidos de sobre 17,000 empleados públicos y el desmantelamiento de la red de protección social y sus agencias. Una agenda para la privatización de los servicios públicos y los proyectos de infraestructura del país.
La convocatoria de Todo Puerto Rico por Puerto Rico – una coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil - tuvo un resultado espectacular a pesar de las amenazas del Gobierno de acusar de “terroristas” bajo el Patriot Act a quienes detuvieran la economía del país. Al no prevalecer sus tácticas de intimidación, Fortuño hizo todo lo que pudo por minimizar los efectos del evento. Su Gobierno declaró oficialmente en 15,000 el número de almas que concurrieron, cifra que había sido ya estimada por los medios de comunicación en 150,000 y en 200,000 por los organizadores. El pueblo habló claro.
Comienza ahora la fase de crearle conciencia al gobernador Fortuño de que una cosa es el problema en su ámbito interno y otra muy diferente que se convierta en un problema para Washington. Mientras el presidente Barack Obama dirige con una visión de una economía fundamentada en generar nuevos y buenos empleos, servicios de salud asequibles y de que se le exijan cuentas al sector privado, Fortuño se aferra desesperadamente a la fracasada política económica de George Bush. Busca proteger al sector privado y los multimillonarios, reducir la fiscalización gubernamental y soslayar al pobre y la clase media. Esa fue precisamente la política que le significó a Estados Unidos la recesión y que obligó a Obama y al Congreso a imponer la ley de Reinversión y Recuperación (ARRA) y la ley TARP.
Si no se les detiene en Washington, Fortuño y su Comisionado Residente ante el Congreso, Pedro Pierluisi, mantendrán en cuarentena éste territorio de Estados Unidos. Seguirán aplicando en Puerto Rico la economía de “supervivencia del más apto”, sin tener que rendir cuentas de cómo se invierte en la isla el multimillonario financiamiento de Estados Unidos.
Puerto Rico se está adentrando en una depresión. Su tasa de desempleo actual es del nivel de la de Michigan, ha perdido casi 50,000 empleos en el sector privado desde que Fortuño tomó posesión hace diez meses y ahora se prevé la pérdida de otros 17,000 puestos en el sector público para el 6 de noviembre. La tasa de desempleo podría alcanzar la de Nueva Orleans luego del paso del huracán Katrina.
A la fecha, Puerto Rico ha recibido $2,900 millones en fondos de la ley ARRA y sólo se han creado 126 puestos de trabajo. Otros estados en crisis ya han generado miles de nuevos puestos de trabajo en sectores verdes, energía sostenible, tecnología de la información e infraestructura.
La marcha anteriormente en este mes demostró que el puertorriqueño cree en el futuro de Puerto Rico. Lo que se inició como una marcha de protesta por los inminentes despidos de trabajadores del sector público, se ha vuelto un movimiento que le exige al gobernador Fortuño que rinda cuentas de esta pesadilla financiera.
Los puertorriqueños merecen mucho más que un gobernador cuyo único plan de recuperación económica sea despedir a las mismísimas personas que son el cuerpo y alma de la red de protección social.
Si no se les detiene en Washington, Fortuño y su Comisionado Residente ante el Congreso, Pedro Pierluisi, mantendrán en cuarentena éste territorio de Estados Unidos. Seguirán aplicando en Puerto Rico la economía de “supervivencia del más apto”, sin tener que rendir cuentas de cómo se invierte en la isla el multimillonario financiamiento de Estados Unidos.
Puerto Rico se está adentrando en una depresión. Su tasa de desempleo actual es del nivel de la de Michigan, ha perdido casi 50,000 empleos en el sector privado desde que Fortuño tomó posesión hace diez meses y ahora se prevé la pérdida de otros 17,000 puestos en el sector público para el 6 de noviembre. La tasa de desempleo podría alcanzar la de Nueva Orleans luego del paso del huracán Katrina.
A la fecha, Puerto Rico ha recibido $2,900 millones en fondos de la ley ARRA y sólo se han creado 126 puestos de trabajo. Otros estados en crisis ya han generado miles de nuevos puestos de trabajo en sectores verdes, energía sostenible, tecnología de la información e infraestructura.
La marcha anteriormente en este mes demostró que el puertorriqueño cree en el futuro de Puerto Rico. Lo que se inició como una marcha de protesta por los inminentes despidos de trabajadores del sector público, se ha vuelto un movimiento que le exige al gobernador Fortuño que rinda cuentas de esta pesadilla financiera.
Los puertorriqueños merecen mucho más que un gobernador cuyo único plan de recuperación económica sea despedir a las mismísimas personas que son el cuerpo y alma de la red de protección social.
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