Más de 150,000 mujeres y hombres de todos los caminos llegaron a San Juan este mes para protestar contra la agenda del gobernador republicano de Puerto Rico Luis Fortuño. Una agenda para nuevos despidos de sobre 17,000 empleados públicos y el desmantelamiento de la red de protección social y sus agencias. Una agenda para la privatización de los servicios públicos y los proyectos de infraestructura del país.
La convocatoria de Todo Puerto Rico por Puerto Rico – una coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil - tuvo un resultado espectacular a pesar de las amenazas del Gobierno de acusar de “terroristas” bajo el Patriot Act a quienes detuvieran la economía del país. Al no prevalecer sus tácticas de intimidación, Fortuño hizo todo lo que pudo por minimizar los efectos del evento. Su Gobierno declaró oficialmente en 15,000 el número de almas que concurrieron, cifra que había sido ya estimada por los medios de comunicación en 150,000 y en 200,000 por los organizadores. El pueblo habló claro.
Comienza ahora la fase de crearle conciencia al gobernador Fortuño de que una cosa es el problema en su ámbito interno y otra muy diferente que se convierta en un problema para Washington. Mientras el presidente Barack Obama dirige con una visión de una economía fundamentada en generar nuevos y buenos empleos, servicios de salud asequibles y de que se le exijan cuentas al sector privado, Fortuño se aferra desesperadamente a la fracasada política económica de George Bush. Busca proteger al sector privado y los multimillonarios, reducir la fiscalización gubernamental y soslayar al pobre y la clase media. Esa fue precisamente la política que le significó a Estados Unidos la recesión y que obligó a Obama y al Congreso a imponer la ley de Reinversión y Recuperación (ARRA) y la ley TARP.
