Hemos visto la actitud de inacción de Albany en pasadas crisis. Esta misma actitud ha sofocado proyectos como la alza de salarios judiciales y reformas para el financiamiento de campañas. Cualquiera que sea su postura en cuanto a límites en los términos de funcionarios electos, la actitud de Albany de tomar decisiones entre las mismas tres personas ha convertido a Albany en la campaña más elocuente para límites a sus términos.
Los efectos potenciales de una crisis presupuestaria sobre la Ciudad son nefastos. Nada estaría a salvo, ni siquiera en el área de educación. Como sea, no se puede calcular el éxito de Albany solo en términos de balancear el presupuesto del Estado. La legislatura necesita pasar legislación que provea millones de dólares en fondos y ahorros para la ciudad.
Por ejemplo hay un proyecto de ley que impondría nuevamente una contribución pequeña sobre las personas que trabajen en la Ciudad pero residen fuera de la misma. Esta contribución existió hasta el 1999 cuando la legislatura lo eliminó con la promesa de que se restituiría si la Ciudad lo fuese a necesitar nuevamente. El Estado no restituyó el mismo cuando la Ciudad sufrió la crisis del déficit presupuestario que siguió a los sucesos del 11 de septiembre de 2001. La cancelación del impuesto le ha costado $5,500 millones a la Ciudad.
El Estado también debería de actuar sobre legislación para dar por terminado la disposición legal que permite que empleados públicos accidentados en el trabajo reciban el doble cuando reclaman pensiones por incapacidad o por daños. Las leyes existentes fuerzan a los municipios a pagar casi el doble de lo que compañías privadas pagan por reclamaciones similares. Esfuerzos para cerrar este subterfugio legal han sido neutralizados por nombramientos sospechosos a los comités y por introducir elementos al proyecto de ley que lo hacen difícil de pasar. Muchos de los legisladores en Albany también son abogados dedicados a llevar casos de daños y perjuicios y por lo tanto tienen un interés en mantener intacto este subterfugio legal.
Más de mil municipalidades apoyan la eliminación de este subterfugio legal ya que reduciría la creciente carga sobre sus ingresos. La oposición de la legislatura es particularmente irónica dado el creciente movimiento para limitar el porciento de impuestos que pueden cobrar los municipios sobre propiedades. Este límite movería la carga de ingresos de los pequeños municipios al estado e, indirectamente a los contribuyentes de la ciudad.
En fin, hay mucho que hacer. Educación, salud, la creación de trabajos, servicios para inmigrantes, centros para ciudadanos de mayor edad, y tanto más está en juego. Seguir haciendo lo mismo de siempre nos dejará en el mismo camino – un mal camino.
es candidato para el distrito 21 y representa el distrito 44 en Brooklyn.
