La población de más rápido crecimiento bajo custodia federal es la de inmigrantes. Programas de aplicación de la ley, tales como la Operación Streamline, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), han contribuido a este crecimiento. Un reciente estudio del Instituto Warren halló que la Operación Streamline se concentra en trabajadores inmigrantes sin antecedentes penales y los conduce al proceso penal y a la prisión en lugar de al sistema civil de inmigración.
En las cárceles federales, la proporción de extranjeros ha venido aumentado constantemente, de acuerdo a un estudio del Centro Pew. Los delincuentes extranjeros aumentaron de un 23% a más de un 37%, según datos recientes.
Cuando se trata de detención, las empresas privadas y los carceleros locales se concentran en lo que las investigadoras Judy Greene y Sunita Patel llaman “fiebre de oro por los inmigrantes”.
Desde el 2003, La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), ha aumentado la cantidad de camas para inmigrantes detenidos. La empresa Corrections Corporation of America (CCA), el Grupo GEO y otras empresas que invirtieron en prisiones se han beneficiado gracias a contratos federales. Los carceleros locales han podido cerrar brechas en su presupuesto gracias a estos contratos.
El impulso de ver a la detención y al encarcelamiento apenas como una respuesta a más inmigrantes indocumentados que cometen delitos está fuera de lugar. En las cárceles federales, por ejemplo, la mayor parte de los inmigrantes indocumentados sentenciados -- a un total de un 75% -- están ahí debido a una entrada ilícita o a su situación migratoria en el país, y no por delitos graves.
El ICE dice que se está centrando en las personas que pueden representar riesgos para la seguridad pública. La agencia está trabajando en la aplicación de una serie de cambios bienvenidos para abordar los temas de detención de inmigrantes. Sin embargo, las profundas fallas del sistema de inmigración de EE.UU., la discriminación que sucede a nivel local y la falta de una reforma fundamental, todas afectan la detención. Y cuando a los inmigrantes los detienen innecesariamente, como en el reciente caso de Jean Montrevil en Nueva York, no ayuda para nada a lograr la confianza del público.
Lo que es desconcertante también es la forma en que las empresas privadas ven la detención de inmigrantes como una mina de oro. Esto, conjugado con la forma cómo durante años el creciente espacio de celdas para detenidos ha recibido millones de dólares más para su financiación que otras alternativas, es motivo de preocupación.
Las empresas privadas de prisiones construyen más instalaciones en anticipación a tener más detenidos y prisioneros. La CCA factura prisiones como parte de un estímulo económico para comunidades. La corporación ha invertido millones en cabildeo de legisladores miembros de comités de créditos.
Los líderes y la ciudadanía, incluso con algunos cambios de la política, el movimiento de reforma de la justicia penal, tienen que mantenerse alerta. Por ejemplo, en los últimos años, las tasas de delincuencia han disminuido en muchas ciudades y se han presentado reformas en torno a sentencias federales. Pero el progreso en esta larga lucha puede verse marcado por el encarcelamiento de inmigrantes.
Mañana, EL DIARIO/LA PRENSA analizará las consecuencias para la población de más rápido crecimiento en los Estados Unidos.
