nueva york/edlp — Mañana se espera una gran oportunidad política. Los oficiales electos latinos del estado de Nueva York se reunirán, a puerta cerrada, para sostener un franco intercambio de opiniones sobre inmigración con la recién nombrada senadora, Kirsten Gillibrand.
Ellos tienen la obligación de actuar con valentía, unidos, a nombre de los millones de familias de Nueva York. Es una oportunidad que no debe desperdiciarse.
Cientos de miles de ciudadanos estadounidenses se ven obligados a vivir a la sombra porque tienen pánico que sus familias se vean desintegradas por la deportación. La inmigración no se trata de, como dicen los xenófobos, los que saltan cercas, quitan empleos y no tienen nexos con la sociedad. Por el contrario, la difícil situación de los indocumentados está ligada inextricablemente a la de millones de ciudadanos a través de lazos familiares, amor, amistad, trabajo, servicio militar y deber cívico.
Cada vez que una redada de inmigración rapta a niños estadounidenses del seno familiar de padres indocumentados, destruye una familia. Cuando personas que se aman no se pueden casar porque no tienen sus papeles en regla, los EE.UU. se debilitan. Y siempre que una víctima de crimen —de una violación o de un robo— teme acudir a la policía por temor a ser deportado, el país sufre.
Muchos (aunque no todos) de estos ciudadanos estadounidenses, bajas colaterales de la actual, insensible y punitiva aplicación de una rígida política de inmigración, son hispanos.
Esto es lo que nuestros representantes electos tienen que hacerle ver a Gillibrand. Tienen historias de sus constituyentes para ilustrar el punto que son familias y comunidades lo que está en juego. Necesitamos un nuevo enfoque de inmigración que sea racional y humano y que se base en los siguientes pilares:
— Nuestros legisladores deben convencer a Gillibrand que la legalización es la única respuesta aceptable para los 12 millones de indocumentados del país.
— Tienen que presionar a Gillibrand a que apoye la Ley DREAM, que ayudaría a estudiantes graduados de escuela secundaria a legalizarce al lograr diploma universitario o tras dos años de servicio militar. Los hijos de los indocumentados no tienen por qué ser castigados por las decisiones que toman sus padres.
— La reunión con Gillibrand también tiene que servir para hacerle un llamado a la senadora a unirse con otros colegas para pedir un alto a las redadas y deportaciones a gran escala, hasta que se logre una reforma. Tiene que hacerse para proteger los derechos y la vida de los niños indefensos.
— Nuestros representantes tienen que hacerle ver a Gillibrand que darle a la policía local la funciones de agentes de inmigración, como ella lo ha venido afirmando, es contraproducente. Se hace una carga para la policía local y siembra desconfianza en comunidades en las que la policía necesita esa confianza para que reporten delitos y luchar contra la delincuencia.
— Gillibrand apoya a los proponentes del inglés como idioma oficial. Estas son señales confusas para los inmigrantes —queremos que aprendan inglés pero no apoyamos la enseñanza— no tiene sentido. Los adultos que desean aprender ingles tienen que esperar por años solo para acceder a una clase. Nuestros funcionarios tienen asegurarse que Gillibrand apoye el destino de fondos a programas de ESL.
Lo que es más importante aún, los líderes latinos tienen que recalcar que para nuestra comunidad este es un tema fundamental de derechos civiles y humanos. Y al igual que igual que el movimiento por los derechos civiles de los años 60 no se detuvo ante la oposición pública, estos tampoco lo harán porque son inherentes e innegociables.
