Con la Estatua de la Libertad a sólo una corta distancia, el centro de detención de inmigración en Varick Street es tanto un reflejo de las obsoletas políticas de inmigración como de un sistema judicial que excluye a los pobres. Este vergonzoso estado de las cosas tiene que abordarse en la reforma de inmigración.
Bajo las políticas actuales, los inmigrantes que no son ciudadanos pueden ser detenidos sin derecho a representación legal y ser transferidos sin previo aviso de un estado a otro. El City Bar Justice Center comenzó a estudiar las consecuencias de estas políticas tras recibir una petición de 100 detenidos quejándose de las condiciones deplorables de las instalaciones de Varick.
En un informe, el Centro declara que más del 39% de los 158 detenidos que fueron entrevistados tienen posibilidad de reclamar exención a los procedimientos de deportación. El Centro halló que el 90% de aquellos a quienes se les concedió la posibilidad de pagar una fianza —entre ellos, trabajadores y padres de familia— no pudieron hacerlo, lo que significaba que tuvieron que permanecer detenidos. La gran mayoría de los detenidos entrevistados han estado en los EE.UU. por más de 10 años
Algunos de los inmigrantes en Varick llegan allí al final de una sentencia penal estatal, pero otros han sido recogidos tras una infracción de tránsito o un accidente automovilístico menor, incidentes que antes se hubieran traducido en una multa. Con una gran cantidad de detenidos que pueden calificar para la exención de expulsión y la complejidad de las leyes de inmigración, el Centro recomienda que el gobierno federal le asigne un abogado a los detenidos que no pueden costear el pago de uno.
Apoyamos firmemente esta recomendación. El derecho a una defensa debida es un pilar del sistema judicial estadounidense. Una vez se hacen excepciones en torno a quién puede o no defenderse, entramos en un terreno resbaladizo que deja vulnerables a otras personas y compromete la integridad de nuestro sistema judicial.
Con la Estatua de la Libertad a sólo una corta distancia, el centro de detención de inmigración en Varick Street es tanto un reflejo de las obsoletas políticas de inmigración como de un sistema judicial que excluye a los pobres. Este vergonzoso estado de las cosas tiene que abordarse en la reforma de inmigración.
Bajo las políticas actuales, los inmigrantes que no son ciudadanos pueden ser detenidos sin derecho a representación legal y ser transferidos sin previo aviso de un estado a otro. El City Bar Justice Center comenzó a estudiar las consecuencias de estas políticas tras recibir una petición de 100 detenidos quejándose de las condiciones deplorables de las instalaciones de Varick.
En un informe, el Centro declara que más del 39% de los 158 detenidos que fueron entrevistados tienen posibilidad de reclamar exención a los procedimientos de deportación. El Centro halló que el 90% de aquellos a quienes se les concedió la posibilidad de pagar una fianza —entre ellos, trabajadores y padres de familia— no pudieron hacerlo, lo que significaba que tuvieron que permanecer detenidos. La gran mayoría de los detenidos entrevistados han estado en los EE.UU. por más de 10 años
Algunos de los inmigrantes en Varick llegan allí al final de una sentencia penal estatal, pero otros han sido recogidos tras una infracción de tránsito o un accidente automovilístico menor, incidentes que antes se hubieran traducido en una multa. Con una gran cantidad de detenidos que pueden calificar para la exención de expulsión y la complejidad de las leyes de inmigración, el Centro recomienda que el gobierno federal le asigne un abogado a los detenidos que no pueden costear el pago de uno.
