Luego de diez meses de testimonios, el juicio a Alberto Fujimori, antiguo presidente del Perú, entra a su fase final.
La justicia peruana acusa a Fujimori de ser el responsable de la muerte de 25 personas en 1991 a manos del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte del servicio de inteligencia militar.
Fujimori fue electo en 1990, prometiendo mano dura contra el terrorismo. La lucha entre Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y los militares y la policía peruana había devastado al país por una década, y el entonces desconocido candidato prometió la victoria militar del Estado.
Como presidente, Fujimori redujo las libertades civiles y fortaleció radicalmente el poder ejecutivo. Asumió el control directo de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y la policía, incluyendo el entonces secreto Grupo Colina. En 1992, Fujimori suspendió la Constitución, disolvió el parlamento e intervino la Corte Suprema en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Por un tiempo, su popularidad creció, aunque un robusto movimiento de derechos humanos rechazó la idea de que el pueblo peruano debiera agradecer –en nombre de la seguridad– los asesinatos, torturas y secuestros de los escuadrones de la muerte.
Fue el trabajo de algunos detectives, y no el Grupo Colina o los estados de emergencia, lo que llevó al arresto del líder de Sendero, Abimael Guzmán. Mientras tanto, el poder desenfrenado le permitía a Fujimori beneficiarse de una corrupción masiva. En el 2000, Fujimori debió renunciar y huir del país.
Perú obtuvo la extradición de Fujimori luego de siete años de diplomacia y trabajo legal, abriendo la posibilidad de demostrar que el ex Presidente recibiría un juicio justo.
Durante diez meses, el fiscal ha presentado el testimonio de víctimas y perpetradores demostrando las degradantes consecuencias del terror de estado.
La defensa de Fujimori alega que la sala no puede declararlo culpable sin la pistola humeante de órdenes escritas que lo impliquen directamente con los crímenes. El ministerio público aduce que Fujimori orquestó una estrategia clandestina basada en lenguaje engañoso, órdenes verbales y documentos ambiguos que facilitaban ocultamiento a los jefes e impunidad a los subordinados.
El progreso del derecho internacional desde Nuremberg está del lado de la acusación. Tribunales nacionales e internacionales ya han establecido que los superiores pueden tener responsabilidad penal por las atrocidades cometidas por sus subordinados.
El juicio a Fujimori es un importante ejemplo para Latinoamérica y el resto del mundo. La justicia peruana está demostrando su capacidad de reconstruir la institucionalidad y la ética pública.
Es probable que la sala pronuncie sentencia poco antes de la asunción del nuevo presidente estadounidense. Quien sea el presidente electo, debería hacer una pausa para contemplar el ejemplo de una democracia que enfrenta los abusos de su pasado reciente.
es el presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés). MARICLAIRE ACOSTA es la directora para las Américas del ICTJ.
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