Bogotá/Corresponsal EDLP — Las consecuencias de las interceptaciones telefónicas ilegales hechas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS empezaron a tener consecuencias no sólo en el proceso legal, sino en la ayuda de Estados Unidos a Colombia.
El Gobierno del presidente Barack Obama decidió transferir los fondos que aportaba al organismo de inteligencia a la Policía Nacional y la Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, como lo anunció el embajador en Colombia William Browfield.
“El Gobierno de Colombia ha declarado claramente su intención de desmantelar la institución actual y reemplazarla con otra, no podemos colaborar con una institución que no existe”, aseguró el diplomático, quien no descartó que una vez se reestructure la entidad se puedan volver a restablecer los fondos de cooperación.
Es escándalo de las llamadas “chuzadas” a magistrados, periodistas y políticos, principalmente de la oposición, se conoció el año pasado y motivó el reemplazo del DAS, que depende directamente de la Presidencia de la República, por una nueva institución con menos funciones.
“Era una empresa criminal, cuya dirección estaba en la Casa de Nariño”, aseguró el magistrado de la Corte Suprema, Julio Cesar Copete, reforzando una declaración similar del fiscal que hizo la acusación a cinco ex funcionarios de la institución y que consideró que las escuchas telefónicas se hicieron por orden del Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
En respuesta el Jefe del Estado, no sólo emitió un comunicado en donde negó cualquier participación con el tema, sino que a través de la emisora local Radio Santafé, Uribe Vélez hizo una declaración juramentada al respecto.
El candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro, anunció que demandará a Uribe Vélez porque lo considera “responsable político' de las interceptaciones ilegales.
