MÉXICO/La Opinión — Un guardia del presidente Felipe Calderón, elementos de inteligencia de la policía Federal, de la Interpol, subprocuradores, alcaldes y policías se encuentran entre los 380 funcionarios públicos que fueron expulsados de sus cargos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Servían a los seis principales cárteles de la droga en México: unos a La Familia, otros al de Sinaloa o al de Tijuana; ora a los Beltrán Leyva, ora al del Golfo y sus sicarios, los Zetas, según una investigación de los últimos tres años realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).
El reporte ubica a 215 detenidos que rendían informes de manera directa a estos dos últimos; sin embargo, fueron los Beltrán Leyva quienes llegaron penetrar en los niveles más altos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada para la Delincuencia Organizada (SIEDO) hasta el zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano detenido hace un año.
El mayor del Ejército Arturo González, acusado de vender información de las secciones de Inteligencia y Planeación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Presidencia de la República, donde estaba adscrito dentro del cuerpo de guardias. Asimismo destaca la detención de dos ex directores de la Interpol México y 20 funcionarios que daban protección al cártel de Sinaloa, encabezada por el prófugo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Corrompidos por la organización del Golfo, los dos supuestos asesinos del general retirado Enrique Tello, trabajaron uno como policía del ayuntamiento del balneario de Cancún, Quintana Roo, al sureste del país, y otro como colaborador del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
