LIMA/AP

— El gobierno decidió ayer lunes suspender las garantías constitucionales a partir del martes en provincias de la selva donde indígenas de 65 etnias vienen bloqueando carreteras, instalaciones petroleras y gasíferas en protesta contra una ley que facilita la venta de sus tierras.

El decreto con esa medida de excepción fue publicado el lunes en el diario oficial El Peruano, luego que el domingo se registrara en la localidad de Aramango, un violento enfrentamiento entre policías y nativos que dejó 12 heridos, según la prensa.

Mediante el decreto se declara en estado de emergencia por 30 días las provincias de Bagua, Utcubamba, y Datem del Marañón, y el distrito de Echarate, zonas donde la protesta “está poniendo en riesgo la seguridad de estaciones de bombeo del oleoducto nor peruano y de importantes instalaciones gasíferas entre otras”.

La declaratoria de emergencia entrará en vigor hoy martes, y significa que quedan suspendidas las garantías constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, el libre tránsito y el derecho de reunión.

El decreto fue dictado además luego que quedaron interrumpidas el viernes las conversaciones entre el gobierno y dirigentes de los nativos, representados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Los nativos no aceptaban negociar la suspensión de la protesta con el enviado del gobierno, el ministro del Ambiente Antonio Brack.

“Los nativos han ido ocupando el Puente Corral Quemado, cerrando la carretera Marginal, y amenazando con cortar el abastecimiento de petróleo por el oleoducto, y de gas por el gasoducto de Camisea, y eso no lo puede permitir el estado peruano”, dijo el lunes Brack justificando la medida, en conversación con periodistas. Los nativos iniciaron su protesta y movilizaciones hace 9 días, to- mando pacíficamente instalaciones de la empresa argentina Pluspetrol, en la zona de Camisea, donde opera el impor- tante yacimiento de gas natural del mismo nombre, y el oleoducto norperuano.