En mayo de 2007, Pedro Guzmán, ciudadano de Estados Unidos con discapacidad del desarrollo, fue deportado a México tras cumplir una condena por allanamiento (trespassing) en la cárcel del condado de Los Ángeles.
Durante 89 días vagó por Tijuana, mientras su familia lo buscaba desesperada hasta que por fin apareció y fue repatriado a su casa en Lancaster. Su caso había recibido gran publicidad en los medios.
No obstante, un reporte dado a conocer ayer por Human Rights Watch y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) revela que el caso de Guzmán no es único, sino más bien sintomático de un problema más amplio que aqueja a los discapacitados mentales que caen en manos de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.
El reporte documenta docenas de casos en los cuales personas con limitaciones cognitivas o discapacidades mentales no pudieron defenderse contra un proceso de deportación –incluyendo algunos que eran ciudadanos y no pudieron probarlo, como Guzmán, porque no sabían cómo hacerlo. Algunos no sabían lo que era un juez, como se llamaban o pedían que los deportaran a "Nueva York" o "Louisiana".
"No toda persona con discapacidad mental que está en proceso de deportación tiene derecho a permanecer en Estados Unidos", señala el reporte. "Sin embargo, sí tiene derecho a una audiencia justa y a defender sus derechos".
Los detenidos en casos de inmigración no tienen derecho a un defensor de oficio, lo que afecta a todos los procesados y más todavía a quienes tienen problemas mentales.
Entre los entrevistados por los autores del reporte había muchos residentes permanentes de los Estados Unidos que enfrentaban la deportación por haber cometido delitos no violentos como "trespassing" o posesión de drogas.
Políticas de detención inflexibles y la falta de organización para clasificar a los detenidos han causado problemas por años. En su respuesta a este reporte la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) fue poco específica indicando que: "estamos trabajando en la reforma del sistema de detención desde agosto de 2009 para aumentar la transparencia del sistema, mejorar las condiciones de detención y asegurar la calidad del cuidado médico y mental para los individuos bajo custodia".
No obstante, ICE no es la única institución responsable por este problema, señala el reporte. Los tribunales de inmigración "no tienen una orientación substancial para abogados y jueces sobre cómo manejar a las personas con discapacidades".
En algunos casos, detenidos con severos problemas mentales dijeron a los investigadores del reporte que no tenían ningún problema mental o que no querían revelarlo por vergüenza. En algunos casos los detenidos tenían abogados, pero estos no revelaron su problema metal en corte y a veces, si lo hacían, esta evidencia era incluso usada en su contra, según el reporte.
Se calcula que un 15% de la población inmigrante detenida tiene algún problema de salud mental.
Entre las recomendaciones del reporte se pide que el Congreso requiera la designación de un abogado de oficio para procesados inmigrantes que tengan problemas mentales.
Hace unos tres meses ACLU presentó una demanda contra ICE por la "desaparición" de dos inmigrantes con problemas mentales en el Sur de California dentro del sistema de detención, donde estaban detenidos por más de 5 años.
Pocos días después, ICE liberó a los dos inmigrantes con un aparato de monitoreo en el tobillo al cuidado de sus familias, que por mucho tiempo habían intentado saber algo de ellos sin lograrlo.
En mayo de 2007,
Pedro Guzmán, ciudadano de Estados Unidos con discapacidad del desarrollo, fue deportado a México tras cumplir una condena por allanamiento (trespassing) en la cárcel del condado de Los Ángeles.
Durante 89 días vagó por Tijuana, mientras su familia lo buscaba desesperada hasta que por fin apareció y fue repatriado a su casa en Lancaster. Su caso había recibido gran publicidad en los medios.
No obstante, un reporte dado a conocer ayer por Human Rights Watch y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) revela que el caso de Guzmán no es único, sino más bien sintomático de un problema más amplio que aqueja a los discapacitados mentales que caen en manos de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.
El reporte documenta docenas de casos en los cuales personas con limitaciones cognitivas o discapacidades mentales no pudieron defenderse contra un proceso de deportación –incluyendo algunos que eran ciudadanos y no pudieron probarlo, como Guzmán, porque no sabían cómo hacerlo. Algunos no sabían lo que era un juez, como se llamaban o pedían que los deportaran a "Nueva York" o "Louisiana".
"No toda persona con discapacidad mental que está en proceso de deportación tiene derecho a permanecer en Estados Unidos", señala el reporte. "Sin embargo, sí tiene derecho a una audiencia justa y a defender sus derechos".
Los detenidos en casos de inmigración no tienen derecho a un defensor de oficio, lo que afecta a todos los procesados y más todavía a quienes tienen problemas mentales.
Entre los entrevistados por los autores del reporte había muchos residentes permanentes de los Estados Unidos que enfrentaban la deportación por haber cometido delitos no violentos como "trespassing" o posesión de drogas.
