Centro de detención. Foto: Archivo.
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Nueva York — Cuando la hija de Ana Maisonave Ortiz perdió a un hijo, ella quiso darle a su marido la mala noticia para compartir su tristeza y su dolor con él. Pero conseguir que Tracy Ortiz, —el marido de Ana— no sólo que levantara el teléfono o tomara el carro era algo imposible porque él está preso en la Correccional de East Nueva York, en Napanoch, 100 millas al norte de la casa de Ortiz en Ridgewood, Queens.

“Este es un momento muy duros porque ni siquiera puedo levantar el teléfono para hablar con él”, asevera Ortiz. Ana, tiene que dejarle un mensaje con los administradores de la cárcel, y esperar a que él la llame.

Tracy Ortiz, de 32 años, ha pagado cinco de una sentencia de 11 años y medio a cadena perpetua por posesión ilícita y venta de una sustancia controlada. Debido a que fue condenado bajo las estrictas Leyes de Drogas Rockefeller, y tiene que cumplir los 11 años y medio antes de calificar para libertad condicional la “mínima máxima”. Y debido también a que le dieron una pena de cadena perpetua, lo más probable sea que la primera vez que solicite esa libertad ante la junta que la concede se la nieguen.

Cuando alguien va a la cárcel, la familia y la comunidad sufren. La familia pierde un esposo, un padre, el sostén de la familia y la comunidad queda sin un contribuyente y votante. Si quien va a prisión es una madre, por lo general es ella quien vela por el bienestar de los niños, y a menudo éstos terminan viviendo en hogares de guarda.