Bogotá/EDLP — A 107 familias, un día como hoy hace 24 años, su historia se partió en dos, y para once de ellas la incertidumbre aún no termina.
Como ya era costumbre Cristina Guarín acudió ese día a su trabajo en la cafetería del Palacio de Justicia, en pleno corazón de Bogotá, sin sospechar que horas después saldría en hombros de un soldado del Ejército, para desaparecer para siempre.
Ese día, 6 de noviembre y el 7, un comando armado de la guerrilla M19, desmovilizada en la década de los noventa, se tomó a sangre y fuego la edificación, generando una acción de la fuerza pública calificada, por la Comisión de la Verdad, como “ilegítima, desproporcionada y copartícipe del holocausto”. Y que terminó 30 horas después.
“En su afán desmedido de aniquilar al causante inicial de la tragedia, no sólo no reparó en la integridad y la vida de los rehenes, sino que causó un elevado número de víctimas”, señaló el informe de la Comisión sobre la toma y retoma que dejó 11 desaparecidos y 95 muertos.
Para René Guarín, hermano de Cristina, y quien salió hace poco del país por amenazas, resultado de su lucha para conocer el paradero de los desaparecidos, este día representa “un año más de impunidad en donde el caso tiene vigencia por la ausencia de justicia, por la verdad negada”.
La investigación por las muertes producidas al interior de la sede judicial, así como por los desaparecidos, estuvo en el olvido durante 20 años y sólo la opinión pública volvió a saber de ella cuando en noviembre de 2005 la Fiscalía lo desempolvó.
