Denver/EFE — El gobernador de Colorado, Bill Ritter, sostuvo que las leyes migratorias estatales aprobadas en 2006 están teniendo el efecto deseado al impedir la llegada y permanencia de personas indocumentadas en el estado.
Durante intervención ante el Panel de Inmigración del Programa de Temas Estratégicos de la Universidad de Denver, Ritter (demócrata) indicó que “menos trabajadores inmigrantes vienen a Colorado debido a las leyes estatales más estrictas”.
Las leyes, que entraron en vigor entre agosto de 2006 y enero de 2007, exigen que los solicitantes de ciertos beneficios públicos comprueben que están legalmente en el país. Las mismas exigencias rigen para quienes quieren obtener documentos públicos, como licencias de conducir o permisos para operar negocios.
La reforma migratoria estatal creó además la Unidad de Cumplimiento de Leyes Inmigratorias de la Patrulla de Caminos de Colorado (CSP, en inglés), que permitió a 24 oficiales de CSP capacitarse para cumplir ciertas funciones habitualmente reservadas para los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esos cambios, según el gobernador, están “afectando negativamente a la industria del esquí y a la hostelería en Colorado porque ahora resulta más difícil encontrar trabajadores temporales".
De hecho, dijo Ritter, el mismo efecto negativo también se evidencia en el sector agrícola, debido a que “ya no hay tantos trabajadores agrícolas inmigrantes como los había en el pasado".
En base a estadísticas de la Fiscalía General de Colorado, Ritter estimó que en este estado residen de 200,000 a 250,000 indocumentados, la gran mayoría de ellos mexicanos.
Como comparación, de acuerdo con el censo, en Colorado viven poco más de 950,000 hispanos, que representan casi el 20 por ciento de la población estatal.
Durante el mismo panel, Joe Blake, presidente de la Cámara de Comercio de Denver, y John Stulp, comisionado de agricultura de Colorado, hablaron del impacto económico que la inmigración tiene para este estado, tanto por el aporte de mano de obra que realizan los inmigrantes como por los gastos ocasionados por quienes no tienen “presencia legal” en el país.
Ambos presentadores acordaron que no existen datos fidedignos como para establecer con números concretos el impacto beneficioso o negativo que la inmigración tiene para la economía de Colorado.
El Panel de Inmigración de la Universidad de Denver mantendrá otras diez reuniones con funcionarios públicos y dirigentes comunitarios hasta el 25 de junio próximo y luego emitirá un reporte con las conclusiones de esas entrevistas.
Durante intervención ante el Panel de Inmigración del Programa de Temas Estratégicos de la Universidad de Denver, Ritter (demócrata) indicó que “menos trabajadores inmigrantes vienen a Colorado debido a las leyes estatales más estrictas”.
Las leyes, que entraron en vigor entre agosto de 2006 y enero de 2007, exigen que los solicitantes de ciertos beneficios públicos comprueben que están legalmente en el país. Las mismas exigencias rigen para quienes quieren obtener documentos públicos, como licencias de conducir o permisos para operar negocios.
La reforma migratoria estatal creó además la Unidad de Cumplimiento de Leyes Inmigratorias de la Patrulla de Caminos de Colorado (CSP, en inglés), que permitió a 24 oficiales de CSP capacitarse para cumplir ciertas funciones habitualmente reservadas para los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esos cambios, según el gobernador, están “afectando negativamente a la industria del esquí y a la hostelería en Colorado porque ahora resulta más difícil encontrar trabajadores temporales".
De hecho, dijo Ritter, el mismo efecto negativo también se evidencia en el sector agrícola, debido a que “ya no hay tantos trabajadores agrícolas inmigrantes como los había en el pasado".
En base a estadísticas de la Fiscalía General de Colorado, Ritter estimó que en este estado residen de 200,000 a 250,000 indocumentados, la gran mayoría de ellos mexicanos.
Como comparación, de acuerdo con el censo, en Colorado viven poco más de 950,000 hispanos, que representan casi el 20 por ciento de la población estatal.
Durante el mismo panel, Joe Blake, presidente de la Cámara de Comercio de Denver, y John Stulp, comisionado de agricultura de Colorado, hablaron del impacto económico que la inmigración tiene para este estado, tanto por el aporte de mano de obra que realizan los inmigrantes como por los gastos ocasionados por quienes no tienen “presencia legal” en el país.
