Tom Torlakson, superintendente de Instrucción Pública. AP
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¿Quién controla a los controladores?

Esa es la pregunta que muchos se hacen ante el escándalo en la Comisión de Credenciales de Maestros de California (CCTC).

Nepotismo, ineficiencia y venganza contra quienes denuncian irregularidades, son algunas de las acusaciones que flotan en torno a esta agencia.

Un informe reciente de la auditora estatal Elaine Howle, revela, entre otras cosas, que a agosto 2009 había un retraso de tres años en procesar 12,600 informes de arresto o enjuiciamiento contra maestros acumulados en esta comisión.

Casos como el de Preston Lewis, maestro de escuela intermedia en Sacramento, incluyen acusaciones de conversaciones o relaciones de índole sexual con menores.

Las sospechas sobre Lewis se remontaban a 2007, pero antes de pasar a la categoría de "ausencia no remunerada" en abril de este año, recibió más de 87 mil dólares en salarios –a pesar de no estar trabajando- durante una investigación que se prolongó por 14 meses.

La situación les suena familiar a quienes conocen de cerca el procedimiento disciplinario en esta profesión.

En sus casi tres décadas como maestro Larry Sand nunca se vio involucrado en situaciones que pusieran en duda su integridad, pero el educador señala que uno de sus colegas dentro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) -para el que trabajó por 24 años- fue acusado de actos lascivos con un menor. Sand explica, que la reacción del distrito fue trasladarlo a otra escuela, donde se le sorprendió haciendo lo mismo, y tras lo que comenzó una larga batalla legal en la que fue defendido por los abogados sindicales."La mayoría de los maestros son buenas personas. Pero quienes se tropiezan con uno inmoral, apenas pueden hacer nada para responsabilizarlo de sus actos", dice Sand, quien ahora preside la organización California Teachers Empowerment Network.