A sus 11 años, Lamont Harrell mantiene intacto el deseo de completar su educación para algún día poder trabajar "en algo mejor que un McDonald’s". Sin embargo, al pequeño le preocupan las medidas que penalizan el absentismo escolar.
"Mi mamá no debe ir a la cárcel si a veces yo tengo que cuidar a mi hermano porque ella está enferma", decía ayer el estudiante, en un acto de protesta contra la SB 1317, presentada por el Senador estatal Mark Leno (D-San Francisco).
La propuesta establece la responsabilidad penal de los padres de menores en edad de asistir desde kindergarten hasta el octavo grado, y que no asistan a clase por un 10% o más del tiempo obligatorio de instrucción. Las sanciones para los padres van desde multas con un máximo de $2,000 hasta el encarcelamiento por un año.
Zoe Rawson, abogada de la organización Centro de Estrategia Comunitaria, explica que aunque las sanciones ya existen en el Código Penal estatal, la SB1317 haría más fácil y expeditivo su cumplimiento.
"El Código Penal incluye el absentismo escolar como una posible forma de maltrato al menor, pero es una vía raramente utilizada para castigar las ausencias a clase", dice la abogada.
Lo que sí es común, explica Rawson, son las multas basadas en ordenanzas municipales, —como la existente en Los Ángeles y muchas otras ciudades del sur de California— que generalmente sancionan con una multa de $250 a los padres de estudiantes que faltan a clase o llegan tarde.
Entre 2004 y 2009, la Policía de Los Angeles impuso 33,999 de esas multas. A ello se suman las 13,118 dadas por la policía escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD).
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